Por: Elena Rotarou
El Artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) estipula que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Se establece que es obligación del Estado proporcionar programas y atención de salud a las personas con discapacidad al igual que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, además de entregar los servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad.
Sin embargo, estudios a nivel nacional e internacional han demostrado una gran inequidad en acceso a salud entre las personas con discapacidad y la población general. Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras físicas, políticas, económicas, sociales y culturales para acceder a servicios de salud, como, por ejemplo, ausencia de ascensores o rampas que funcionen, falta de personal capacitado que pueda brindar un servicio de calidad acorde a sus necesidades, falta de transporte y restricciones financieras.
En el caso de Chile, existen pocos estudios en la materia, que han confirmado esta brecha en el acceso a los servicios de salud por parte de las personas con discapacidad. Aunque frecuentemente las personas con discapacidad necesitan más servicios de atención médica, ellas tienen un peor acceso y más baja satisfacción con los servicios entregados. Esta inequidad en salud es una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, según lo establecido en los tratados internacionales, incluso en la CDPC que Chile ha firmado.
Condiciones socioeconómicas desfavorables –por ejemplo, niveles de pobreza más altos, y tasas más bajas de escolaridad y empleo–, además del ‘eclipse diagnóstico’ (es decir, cuando la existencia de una condición de salud crónica ‘eclipsa’ la detección de cualquier otra condición, trastorno o enfermedad, conduciendo a un diagnóstico y tratamiento tardío de patologías secundarias), llevan a tasas más altas de mortalidad y morbilidad para las personas con discapacidad, así como una disminución de su calidad de vida.
Para reducir y, eventualmente, eliminar la inequidad en salud entre las personas con y sin discapacidad en Chile, es clave realizar investigación en temas de discapacidad, para así identificar las barreras al acceso a servicios de salud. La participación de personas con discapacidad y sus organizaciones es esencial para la formulación de políticas equitativas y la transformación del sistema de salud chileno hacia uno inclusivo.