Pablo Marshall
Las personas con discapacidades intelectuales y cognitivas enfrentan barreras significativas para acceder a tratamientos de salud y para ejercer su derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Esto es preocupante, ya que estas personas también experimentan una mayor necesidad de dichos tratamientos y tienen tasas de mortalidad y morbilidad más altas que el resto de la población. Estas dificultades impactan el acceso a políticas de promoción de la salud y a tratamientos curativos. Incluyen, por ejemplo, la asignación de tiempo inadecuada por parte de los trabajadores de la salud, la discriminación, la falta de ajustes razonables o la mala accesibilidad a los centros y sistemas de salud.
Estas barreras también afectan la capacidad de las personas para seleccionar tratamientos y para controlar cómo se les proporciona la atención. Esto último impacta a las personas con discapacidades intelectuales y cognitivas de manera particularmente grave debido a una diversidad de factores, que incluyen, por un lado, las barreras asociadas con sus propias discapacidades, como las que afectan la comunicación, la percepción o la memoria, y, por otro lado, las barreras construidas socialmente en su entorno, que incluyen, entre otras, actitudes paternalistas, falta de apoyo de sus cuidadores y falta de experiencia y capacitación de los trabajadores de la salud, lo que a menudo conduce a la discriminación y el maltrato.
Notas
Marshall, P. (2023). Informed Consent and Support for Decision-Making: A Critical Review of Legal Reforms in Latin America, en Bach, M. & Espejo-Yaksic, N. (eds.) Legal Capacity, Disability and Human Rights. Intersentia, 301, ISSN 9781839704284