En un momento en que la democracia y los derechos humanos deberían ser la brújula de nuestras políticas públicas, Chile ha tomado una decisión determinante: eliminar la figura de asistencia personal contemplada en el programa Tránsito a la Vida Independiente. Esta no es una mera medida presupuestaria, es una clara señal de desprecio hacia la autonomía y la dignidad de miles de personas con discapacidad (PCD) que viven en Chile. Se trata de una decisión regresiva que evidencia una profunda deshumanización respecto a lo que significa e implica construir una sociedad inclusiva.
La asistencia personal no es un favor ni un acto de caridad, es un derecho humano, consagrado internacionalmente, que permite a las personas con discapacidad ejercer su autonomía y vivir de manera independiente. Este modelo impulsado por el propio activismo de las PCD desde los años 60, busca precisamente contrarrestar los sistemas asistencialistas y medicalizantes, que históricamente les han reducido a una vida pasiva, infantilizada y, muchas veces, confinada a instituciones.
La figura de la asistencia personal brinda apoyos personalizados en tareas cotidianas —como el aseo, la movilidad o la alimentación— pero, sobre todo, se estructura en torno a la voluntad de cada persona. Lejos de reforzar la dependencia, promueve la autodeterminación y el ejercicio activo de la ciudadanía, y por tanto, una vida más digna.
Lo preocupante de esta situación, es que eliminar la asistencia personal atenta directamente contra el propio Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados impulsado por el Estado desde 2016. A través de la política Chile Cuida, se reconocía la necesidad de fortalecer los cuidados y la corresponsabilidad social en torno a ellos. En este marco, surgió la Red Local de Apoyos y Cuidados, complementada por el programa Tránsito a la Vida Independiente, ejecutado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), que financiaba hasta $3.900.000 para contar con asistencia personal durante diez meses. Un paso incipiente, pero fundamental para avanzar en la agenda.
Suprimir esta modalidad implica debilitar desde adentro uno de los avances más significativos en materia de inclusión y autodeterminación. Las consecuencias son múltiples, ya que afecta la independencia de las personas con discapacidad, genera sobrecarga emocional y económica a las familias, y debilita la construcción de alianzas políticas clave. En ese sentido, preocupa la tensión que esto genera entre el movimiento feminista y el movimiento por los derechos de las PCD. Al recentrar el sistema en los/as cuidadores/as —en lugar de la persona que requiere apoyos—. Se reinstala una lógica paternalista, con alto riesgo de reproducción de violencias, abusos y pérdida de agencia.
En última instancia, esta medida delata una alarmante desconexión entre discurso y práctica. ¿Es este el país que aspiramos a ser? ¿Uno que prioriza el ahorro fiscal por sobre la inclusión, la equidad y los derechos humanos? La inversión en asistencia personal no es un gasto superfluo, es una herramienta que habilita participación, productividad y, por sobre todo, la posibilidad de llevar adelante proyectos de vida dignos.
¡Esta medida debe ser revertida!
Chile no puede seguir avanzando en políticas de cuidados a costa de excluir a quienes más necesitan apoyo para ejercer su ciudadanía. Si queremos un país verdaderamente justo, inclusivo y democrático, debemos reconocer que la vida independiente es un derecho, no un lujo.